Incentivar e impulsar la compraventa de viviendas vuelve a ocupar un lugar destacado en las políticas del Gobierno. Tras la desaparición de la desgravación por adquisición de vivienda el 1 de enero de 2013, las ayudas e incentivos fiscales destinados a facilitar la compra de una casa a los ciudadanos habían desaparecido completamente del mapa y de las prioridades del Ejecutivo.Ahora, cuatro años después, el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 vuelve a recuperar algunas ayudas que beneficiarán, principalmente, a los más jóvenes, sobre cuyas espaldas se sostiene el futuro del sector inmobiliario español. Un segmento de la población que, sin embargo, en la actualidad y debido a la precariedad laboral y el difícil acceso a la financiación, se encuentra con serias dificultades para acceder al mercado de la vivienda en propiedad.
No olvidemos que, actualmente, buena parte de la demanda que compra casa en España es de reposición. Es decir, hogares o familias que ya tienen una vivienda en propiedad pero que venden para comprarse otra. Pero ¿qué pasará cuando esta demanda embalsada se acabe?, ¿tomará el relevo la demanda estructural?, ¿los nuevos hogares? Sin ellos, son muchos los expertos que consideran que el mercado inmobiliario podría volver a tambalearse.Para que esto no suceda y para que los jóvenes puedan convertirse en propietarios, el nuevo plan contempla ayudas para afrontar el desembolso económico inicial necesario para poder comprar una vivienda, sea esta libre o protegida. En este sentido, se concederá una ayuda directa por valor de hasta el 20% del precio total de la vivienda, con un tope de 10.800 euros.
Una ayuda que permitirá a la población menor de 35 años poder afrontar los gastos asociados a la compra de una casa, que suelen rondar el 10% del precio final de la misma (impuestos, notario, registro, etc.). Así lo ha anunciado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, durante la presentación del real decreto del nuevo plan, cuya tramitación pretende afrontar desde el 1 de junio para que entre en vigor el 1 de enero.Esta ayuda, a fondo perdido, estará al alcance de aquellos jóvenes de hasta 35 años que tengan unos ingresos inferiores a 1.600 euros al mes. Es decir, tres veces el Iprem (el indicador público de renta de efectos múltiples), actualmente de 532 euros. Pero, además, los jóvenes que accedan a esta ayuda no podrán tener otra vivienda en propiedad y deberán residir en la vivienda comprada al menos durante cinco años.Otra de las principales novedades del plan tiene que ver con el alquiler y los jóvenes, ya que se incrementa de 600 a 900 euros el coste máximo de los arrendamientos que se podrán beneficiar de las subvenciones estatales. En este caso, el Gobierno se hará cargo de hasta el 50% del importe, pero hasta ese máximo de 900 euros. Es decir, el Estado podrá llegar a pagar hasta 450 euros al mes.
El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que entrará en vigor el próximo año, contempla también que el Estado y las autonomías asuman el pago de entre 150 y 400 euros de alquiler a personas desahuciadas o colectivos vulnerables, eso sí, siempre que la renta del piso no supere ese mismo precio. Para afrontar estas ayudas habrá una aportación del 80% del ministerio y del 20% de las autonomías. Para facilitar el acceso a esos colectivos más vulnerables, se incorpora al plan un programa que habilita la puesta a disposición de las viviendas desocupadas de la Sareb y las entidades financieras.Acceder a una vivienda se ha convertido prácticamente en misión imposible para buena parte de los jóvenes españoles. Según el último Observatorio de Emancipación elaborado por el Consejo de la Juventud, ninguna de estas opciones es viable desde el punto de vista económico ni para jóvenes asalariados ni para los hogares jóvenes compuestos por menores de 30 años.
Buena parte de ellos se encuentran completamente expulsados del mercado inmobiliario, ya que, por lo que respecta a la vivienda en propiedad, los precios no se han ajustado lo suficiente como para que puedan comprar, mientras que respecto a los alquileres, estos han subido con tal fuerza que tampoco pueden permitirse pagar un arrendamiento.
Los datos hablan por sí solos. Hoy en día, una persona joven asalariada debería dedicar 13,1 años de su sueldo íntegro para la compra de vivienda en propiedad, y los hogares jóvenes de menos de 30 años necesitarían los ingresos de 7,2 años para sufragar la compra de vivienda, cuando lo recomendable sería que el ratio se situase entre 3,8 y cuatro años de salario bruto.
O dicho de otra manera, pese a que el coste de acceso a la vivienda en propiedad se ha reducido con respecto a un año atrás, las personas jóvenes asalariadas de 16 a 29 años y los hogares jóvenes compuestos por menores de 30 años deberían dedicar más del recomendado 30% de sus ingresos a hacer frente a las cuotas hipotecarias.
En concreto, el consejo calcula que una persona joven debería destinar el 59,5% de su salario para poder adquirir una vivienda en propiedad, y la superficie máxima a la que puede aspirar es de 50,4 metros cuadrados. Este organismo calcula que los jóvenes deberían cobrar un 98,23% más para poder comprarse una casa sin riesgos.
Ayudas a mayores de 65 años
Las personas mayores también ocupan un lugar destacado en el nuevo plan de vivienda. Podrán contar con ayudas para pagar hasta el 50% del alquiler o bien de hasta 200 euros mensuales para atender el pago de facturas de suministro (agua, luz, gas o de comunidad). Para ello, deberán contar con más de 65 años de edad y cobrar una pensión que tampoco supere tres veces el SMI.
En este caso, el programa se complementa con ayudas a organismos públicos y empresas privadas para la construcción de viviendas en alquiler destinadas específicamente para personas mayores.
Los jóvenes y los mayores podrán contar con estas ayudas durante un periodo máximo de tres años, que será de dos anualidades para el caso de afectados por desahucios.
Oct 042017